Publicada el 17 de Diciembre de 2013

Gonzalo Sales, nuestro Resposable de Programas de Responsabilidad Corporativa, habla en el blog de ONGAWA sobre la situación y perspectivas de las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo en España.

El término “Alianza Público Privada” está de moda en España aunque en otros países es una fórmula común de funcionamiento entre distintos sectores, y no sólo en el ámbito social. El término, en general, se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos (según define el Banco Mundial). Pero, como bien apunta Fernando Casado en el Dossier “Alianzas público-privadas para el desarrollo” (Fundación Carolina – CeALCI, 2007), la denominación de APP, en su formato exclusivista público-privado, queda limitada por no incluir a las organizaciones del tercer sector, y es por ello que se decide denominarlas alianzas para el desarrollo. En esa línea, la Cooperación para el Desarrollo española (pública y privada) está avanzando progresivamente hacia un modelo de actuación basado en la colaboración entre actores procedentes de distintos sectores de la sociedad.

Así, el IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016), en el apartado “Desafíos para todos los actores del sistema” recoge el término “Alianzas incluyentes para el desarrollo” como mecanismo de generación de una cooperación basada en el aprendizaje y el conocimiento, a través del compromiso de todos los actores de contribuir, desde la diversidad y riqueza de conocimientos, experiencias y capacidades que atesoran, a construir un modelo de cooperación distinto y compartido. Dada la extensa y rica literatura en torno a este tema, este artículo sólo pretende aportar una visión práctica de las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo en el contexto español.

El contexto español

Tras cinco años de crisis económica, tanto el sector público como el privado todavía están luchando por recuperar el crecimiento y la prosperidad. El desempleo se ha elevado por encima de 26%, por lo que la creación de empleo es una prioridad social. Mientras tanto, el sector público está tratando de mejorar su perspectiva fiscal. El pronóstico económico para los próximos años es que se seguirá trabajando en controlar el déficit fiscal, aumentar las exportaciones, la competitividad y la flexibilidad laboral, intentando al mismo tiempo mantener los programas de bienestar social, y la promoción del empleo, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero desde una estrategia basada en la eficiencia de los programas.

En el ámbito de la Responsabilidad Social de la Empresa, España es una potencia mundial. La Red Española del Pacto Mundial cuenta actualmente con 2.409 entidades adheridas, de las cuales el 13% son grandes empresas. Sin embargo, el sector empresarial de España todavía se centra en un enfoque filantrópico de la RSE. Así, sólo el 37% de las empresas españolas contempla la RSE en su estrategia corporativa, y de este porcentaje sólo el 45% ha creado un departamento específico de RSE y el 46% cuentan con políticas y procedimientos relativos a esta materia.

Las perspectivas son moderadamente esperanzadoras: el 59% de las empresas españolas no abandona la RSE por la crisis y el 69% de las empresas mantendrá sus presupuestos de RSE¹. Las cuestiones más importantes para la empresa son: la corrupción (94%), la salud y la seguridad (82%), la preservación del empleo (79%) y las causas sociales locales (85%). En cuanto a las áreas que mejor funcionan en los programas de Sostenibilidad de las empresas investigadas en España destacan aquellas directamente relacionadas con los programas de filantropía y voluntariado, aquellos otros relacionados con la transparencia, y aquellos orientados a la eliminación de residuos y reciclado².

En el Tercer Sector la situación actual es poco alentadora. La financiación privada ha continuado su tendencia a la baja (la caída de la recaudación de fondos privados 2.008-2012 fue de 648m €). En 2012, los 2.407 M € de financiación privada han procedido de las siguientes fuentes: “Obra Social” Cajas de Ahorro (21%), empresas (8%), socios y donantes (23%), recursos propios (48%). Para los próximos cuatro años se espera un empeoramiento de la situación actual con los recortes de fondos que podrían implicar caídas, en comparación con 2011, de hasta el 20% (fondos públicos) e incluso de más del 16% (financiación privada) en 2016³.

Los retos de las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo en el contexto español

En vista de esta situación, se hace inevitable la creación de un nuevo marco de relación entre los distintos actores sociales, aunando esfuerzos, repartiendo roles y sumando capacidades.

Así, el primer reto al que nos enfrentamos es contar con entidades de carácter social que tengan una estructura más flexible, con el fin de responder rápidamente a las necesidades de los financiadores, que cada día más, piden donaciones finalistas y proyectos de atención directa, frente a proyectos de pura sensibilización, o enfocados en destinar los recursos a gastos de funcionamiento de las organizaciones sociales (este punto merece un artículo a parte, dada la nueva moda en el Sector Privado de no financiar este tipo de gastos). Para ello, el modelo más adecuado de organización social es aquel que tenga una estructura reducida y poco burocrática, además de horizontal y cercana al terreno/beneficiario. Por su parte, el Sector Privado debe “especializar” sus inversiones sociales alineándolas con su estrategia de negocio, logrando así generar sinergias que produzcan un doble impacto, tanto en la sociedad, como en su propio negocio.

El segundo reto, es contar con un modelo de financiación diversificado en el Tercer Sector (lo “ideal”: 33% público, 33% de las empresas privadas, el 33% de donantes individuales), sabiendo segmentar las estrategias según el “público objetivo” al que nos dirigimos (Administraciones Públicas, Empresas o particulares). La especialización de la inversión social por parte de las empresas, conseguiría mejorar la eficiencia y rapidez en la identificación de recursos disponibles por parte de las organizaciones sociales, así como en la sostenibilidad de las relaciones entre empresas y ONGs.

El tercer reto es orientarse a resultados y medir el impacto de los proyectos sociales, reportando continuadamente al financiador sobre la consecución de objetivos establecidos. Contar a priori con una batería de indicadores consensuada sobre los objetivos del programa o proyecto, nos ayudará a hacer un seguimiento compartido (financiador-ejecutor) del mismo. La medición y evaluación de impactos, así como los aprendizajes derivados de ellas, es el mejor camino hacia la eficiencia y eficacia de los proyectos sociales y de las alianzas que los sustentan.

Por último, y no por ello menos importante (incluso, quizás, el más complicado) es contar con redes de colaboración y actuación compartida entre las entidades sociales que busquen un impacto común. La generación de economías de escala a través de programas compartidos incidirá en la eficacia de la cooperación, y esto no aplica sólo al Tercer Sector, sino también a distintos sectores empresariales y empresas que pueden compartir recursos y herramientas.

Plan de Acción para una APPD

El primer paso es crear un entorno propicio, el cual aumente la conciencia y comprensión en la sociedad española sobre la necesidad de continuar con una política de Cooperación al Desarrollo para más de 2/3 de la población mundial que se encuentran en una situación de pobreza, desnutrición, vulnerabilidad y exclusión sin parangón con nuestra, todavía, “desarrollada” sociedad. Dada la actual coyuntura socioeconómica española, no es fácil concienciar sobre este punto al estar sometidos a un falso debate sobre un dilema artificial de “Cooperación al Desarrollo vs. Acción Social en España”.

Aumentar la visibilidad de las contribuciones y resultados alcanzados por las organizaciones sociales a través de sus programas de desarrollo es clave para lograr una sensibilización en la sociedad española respecto a la necesidad de seguir cooperando. Así, ejemplares son las iniciativas en otros países (Suiza, Reino Unido, etc.) sobre los impactos de su cooperación al desarrollo y el desarrollo producido gracias a ella.

El siguiente paso sería el de definir el contenido apropiado para una alianza que aúne ONGs, empresas, administraciones públicas, sindicatos y universidades, atendiendo a los siguientes aspectos:

  • definir con precisión el alcance y objetivos de cada partenariado,
  • diseñar una estructura de gobierno de la propia alianza y distinta de la de las partes intervinientes,
  • definir su composición y funciones,
  • decidir cómo financiarla,
  • elaborar un plan de trabajo,
  • decidir cómo medir y evaluar los resultados.

Para el Sector Privado, la mejor alianza es aquella que:

  • se alinea con la propia estrategia de negocio,
  • aprovecha y refuerza las relaciones en la cadena de suministro y los principales recursos de la empresa,
  • contribuye a la cultura y el desempeño de la compañía,
  • evoluciona la personalidad de la marca,
  • aumenta la confianza de las partes interesadas y expande las oportunidades de negocio al mismotiempo que facilita el acceso a nuevos mercados,
  • tiene una influencia positiva en la comunidad,
  • produce satisfacción en los empleados y atrae talento externo,
  • incrementa la captación y lealtad de clientes, socios e inversores,
  • mejora la reputación de la compañía,
  • genera innovación,
  • mejora la competitividad.

Sólo después de acometer los dos pasos anteriores, se debe establecer un presupuesto y definir qué tipo de resultados se pretenden, así como, qué tipo de recursos se requieren para lograr el objetivo.

No existe un solo tipo de recurso a reclamar del Sector Privado (dinero), sino que existe una amplia gama de la que hacer uso (tecnología, sistemas, Capital Humano, espacios, networking…) y que, en ocasiones, resulta mucho más provechosa que la mera donación monetaria. Al mismo tiempo, las organizaciones del Tercer Sector deben tender a la especialización, tanto en su ámbito de intervención, como en el marco geográfico en el que lo desempeñan.

Un impulso esencial para el fomento de las Alianzas Público Privadas en España sería la reforma de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, igualando las iniciativas sociales a las deportivas y culturales y mejorando los capítulos II y III, en aquellos aspectos relacionados con la clarificación de la figura del pro bono, el incremento de deducciones de la cuota en el IRPF e Impuesto de Sociedades y la mejora de la fiscalidad del artículo 25 (Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general). Todo ello con el fin de adecuar nuestra fiscalidad en estos temas al resto de países de nuestro entorno, incentivar el apoyo privado y corporativo a las iniciativas sociales y adecuar la legislación a la nueva realidad social.

Finalmente, se debe acometer la tarea de construir una Alianza Público Privada para el Desarrollo ajustada a las capacidades de los sectores participantes (públicos y/o privados, académicos, empresariales o sociales) y la coherencia de los proyectos con las estrategias de las organizaciones aliadas.

Notas

¹ Estudio Multisectorial Sobre El Estado De La Responsabilidad Corporativa De La Gran Empresa En España, 2011, Forética.

² Barómetro trimestral  de Grayling Pulse España (2º T.2013)

³ Estudio sobre el presente y futuro del Tercer Sector social en un entorno de crisis. Fundación La Caixa, Instituto de Innovación Social de ESADE, Fundación de PwC.

Escrito por Gonzalo Sales Genovés el 17 de Diciembre de 2013 con las etiquetas: cooperación desarrollo RSC

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